El 14 de julio de 2026, el Gobierno de México rechazó como infundadas las acusaciones sobre presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales. La respuesta fue respaldada por instituciones del gabinete de seguridad, que defendieron la estrategia de cero impunidad y los resultados presentados públicamente.
Como parte de ese balance, las autoridades federales señalaron que hasta el 30 de junio de 2026 se habían detenido 59 mil 582 personas relacionadas con objetivos de seguridad, entre líderes, operadores y generadores de violencia de distintos grupos criminales.
La presidenta Claudia Sheinbaum también respondió el 15 de julio y sostuvo que la DEA debería investigar quién vende droga y lava dinero dentro de Estados Unidos. Para la mandataria, los señalamientos carecen de evidencia y responden más a una postura política que a una cooperación seria.
México reiteró que está dispuesto a cooperar contra el crimen organizado, pero bajo una condición irrenunciable: respeto a la soberanía nacional, información verificable y una relación sin acusaciones unilaterales.